La Revolución Bolivariana en Venezuela pareció romper el consenso neoliberal global que había dominado América Latina durante la última década del siglo pasado.
Bajo el mandato de Hugo Chávez, elegido en 1998 en medio de un profundo agotamiento social por la austeridad y el acaparamiento de la riqueza petrolera por parte de los ricos y poderosos del país, Venezuela se embarcó en un experimento que prometía redistribuir los ingresos, ampliar los derechos sociales y reafirmar la soberanía popular frente a las oligarquías nacionales y el poder imperial.
El proyecto logró, durante un tiempo, mejorar el estándar de vida de millones de venezolanos pobres y abrir las puertas para cambios en la vida, aunque nunca fue una transformación socialista plenamente realizada.
El hecho que finalmente se derrumbara de forma tan catastrófica bajo Nicolás Maduro, no elimina esos logros, pero sí exige un análisis serio del proyecto, que es más que la nostalgia acrítica.
El primer período bolivariano se caracterizó por cambios tangibles.
Impulsado por el aumento de los precios mundiales del petróleo en la década de 2000, el gobierno de Hugo Chávez canalizó los ingresos petroleros en amplios programas sociales que redujeron drásticamente la pobreza, ampliaron el acceso a la educación y la atención médica e incorporaron a las poblaciones marginadas a la vida política a través de consejos comunales y algunas iniciativas participativas.
El analfabetismo disminuyó y millones de personas tuvieron acceso por primera vez a alimentos y atención médica subvencionados.
Estas mejoras concretas en las condiciones materiales explican por qué Hugo Chávez conservó apoyo popular hasta los últimos años de su presidencia.
Sin embargo, estos logros ocultaban debilidades estructurales que nunca se resolvieron y que se volvieron decisivas una vez que desaparecieron las condiciones económicas favorables.
Venezuela siguió siendo una economía profundamente extractivista, dependiente de las exportaciones de petróleo para la inmensa mayoría de sus ingresos extranjeros y de los ingresos del Estado.
Por lo tanto, la redistribución de la riqueza no se financiaba desde una base productiva transformada, sino con ingresos volátiles procedentes de las materias primas, y los logros sociales eran muy vulnerables a las fluctuaciones del precio del petróleo.
Y las nacionalizaciones, aunque simbólicamente importantes, a menudo no lograron establecer un control democrático de los trabajadores ni mecanismos de planificación dirigidos por ellos, sino que reprodujeron jerarquías burocráticas dentro de la propiedad estatal.
Luego, la producción nacional se estancó, las importaciones crecieron y los controles de precios y divisas —instalados para enfrentar la inflación y la fuga de capitales— diezmaron la capacidad productiva.
Mientras tanto, el poder político se centralizó cada vez más en el ejecutivo, en instituciones subordinadas a la presidencia y cualquier oposición popular fue criticada como una amenaza en vez de una fuerza correctiva.
Estos cambios no se originaron con el puro Nicolás Maduro, pero SÍ su presidencia las intensificó.
Cuando Maduro asumió el cargo en 2013, el auge mundial de las materias primas había terminado, los precios del petróleo estaban cayendo.
El Gobierno redobló los controles e improvisó una expansión monetaria. Acto seguido, la producción petrolera se derrumbó debido a la falta crónica de inversiones y la disfunción administrativa.
La hiperinflación se produjo cuando el Estado recurrió a la impresión de dinero para cubrir los déficits en medio del colapso de la producción. La escasez se volvió endémica, la infraestructura se deterioró y los salarios reales pasaron por el suelo.
En fin, antes de que se impusieran las sanciones internacionales más punitivas, Venezuela ya se encontraba en caída libre económica, lo que socava las afirmaciones de que la presión externa por sí sola explica la catástrofe.
Al mismo tiempo, la respuesta política a la crisis resultó desastrosa.
En lugar de ampliar la participación democrática para hacer frente al colapso económico, el Gobierno de Maduro recurrió cada vez más a la represión y la manipulación legal para mantenerse en el poder.
La erosión de la credibilidad electoral y la criminalización de la disidencia alienaron a amplios sectores de la población, incluidos muchos que en su día habían apoyado el proyecto bolivariano.
Lo que quedaba de la legitimidad de la revolución fue sustituido progresivamente por la coacción y el clientelismo, lo que vació la base popular que la había sostenido bajo Chávez.
El resultado no fue solo el colapso económico, sino también la desintegración social, reflejada en la emigración masiva de millones de venezolanos -- no todos reaccionarios --, cuya partida debilitó aún más la vida productiva.
En fin, la experiencia venezolana se entiende mejor no como el fracaso del socialismo, sino como el fracaso de un proyecto de cambios centrado en el Estado y dependiente de las rentas extractivistas, que nunca escapó a las limitaciones estructurales del capitalismo.
En otras palabras, la Revolución Bolivariana redistribuyó el excedente sin transformar fundamentalmente las relaciones de producción que lo generaban.
Los trabajadores se beneficiaron del gasto público, pero rara vez fueron la base del poder económico democrático. Y la mayor parte de la planificación fue burocrática en lugar de colectiva, y las instituciones populares carecieron de la autonomía necesaria para ejercer poder sobre el propio Estado.
Cuando llegó la crisis económica y social, no existían mecanismos sólidos a través de los cuales la clase trabajadora pudiera intervenir para corregir las políticas, reorganizar la producción o ejercer control sobre los dirigentes.
En otras palabras, la revolución había movilizado a las masas electoral y retóricamente, pero no las había integrado suficientemente en la gestión cotidiana de la economía y del país.
La burocracia tiende en tales condiciones a convertirse en una fuerza conservadora que prioriza la autoconservación institucional por encima de los cambios transformadores.
La corrupción y la ineficiencia no son aberraciones morales en este marco, sino resultados previsibles de la concentración del poder sin contrapesos democráticos.
Se disuelve rápidamente la legitimidad revolucionaria basada más en la narrativa histórica y el antagonismo contra fuerzas externas, una vez que se derrumba el nivel de vida.
El caso venezolano también pone de manifiesto los límites del antiimperialismo cuando se lo desvincula de la democracia interna.
Una política que entiende los problemas que enfrentan los millones de familias populares como daños colaterales en una lucha geopolítica, pierde la lealtad de la clase a la que dice representar.
Las lecciones son incómodas, pero indispensables para la izquierda marxista.
En general, la redistribución sin transformación estructural es reversible.
La propiedad estatal sin control democrático es frágil.
El liderazgo carismático sin instituciones duraderas invita al colapso una vez que el líder se va.
Y la soberanía económica basada en un solo producto básico no es soberanía en absoluto, sino dependencia con otro nombre.
Venezuela se está cayendo no porque desafiara al capitalismo global, sino porque lo hizo de manera incompleta, inconsistente y sin construir las bases materiales e institucionales necesarias para enfrentar la crisis.
Nada de esto borra la importancia del movimiento bolivariano ni las esperanzas reales que generó.
Por el contrario, su tragedia radica precisamente en la distancia entre lo que prometió y lo que finalmente cumplió.
Para quienes están comprometidos con la política emancipadora, el colapso venezolano no debe servir como advertencia contra la ambición, sino como recordatorio de que una transformación genuina requiere más que redistribución, más que retórica y más que control del Estado.
Requiere la construcción paciente de un poder económico democrático desde abajo, capaz de sobrevivir tanto a la presión externa como al fracaso interno.
Sin eso, incluso las revoluciones más inspiradoras siguen siendo vulnerables a sus propias debilidades.
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